Un informe técnico de la Universidad de Alcalá denuncia la desprotección medioambiental en Mallorca
octubre 24, 2020
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[:es]La Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación Universidad de Alcalá afirma que la nueva reglamentación aprobada el pasado mes de agosto a través de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares es “lesiva para el medio ambiente; incumple la normativa europea, nacional y autonómica; no ha sido sometida a información pública; ha sido aprobada sin ningún informe técnico y científico que la justifique ni evalúe sus consecuencias negativas y pone en peligro el estado de conservación de las especies y hábitats protegidos” en la Serra de Tramuntana, en Mallorca.

Estas son las conclusiones fundamentales del estudio que la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá ha obtenido sobre los efectos de los cambios en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, sobre los Espacios Naturales Protegidos de las Islas Baleares (LECO) a raíz de las modificaciones establecidas por Ley de Evaluación Ambiental aprobada el pasado 17 de agosto. El estudio fue encargado por la Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) a la Cátedra de Medio Ambiente que, durante los últimos seis meses, ha trabajado sobre el terreno y ha revisado multitud de informes científicos para evaluar las consecuencias que dicha alteración legislativa podría provocar en el estado de conservación de las especies que habitan en la sierra. Las conclusiones son muy claras, reflejando que la modificación aprobada afectará de forma significativa a la conservación de algunas zonas, más si cabe con el incremento de la presión turística que se está produciendo en toda la Serra.

La Cátedra de Medio Ambiente explica que la modificación legal ha cambiado los usos de las denominadas zonas de exclusión (zonas de máxima protección que en el caso de la Serra de Tramuntana no superan el 2,98% de su superficie) permitiendo el acceso y estancia en estas zonas para actividades de recreo y ocio. Estas zonas de exclusión, verdadero núcleo del espacio natural, se diseñaron con el objetivo de preservar las especies más emblemáticas de la Serra como el buitre negro, el halcón de Eleonor o el águila pescadora.

Entre los espacios naturales más afectados se encuentran algunas fincas que, mediante el acuerdo con organizaciones conservacionistas, han ayudado a gestionar esos espacios y han supuesto el corazón de la recuperación de las especies amenazadas. Entre ellas se encuentran las fincas Ariant y Ternelles, en una de las áreas más importantes desde el punto de vista medioambiental donde habita la mayor colonia de buitre negro de Mallorca. En estas fincas se refugiaron los últimos ejemplares de la especie, que conformaron el núcleo clave en la recuperación poblacional que se está produciendo.

El estudio subraya que la nueva reglamentación “producirá con toda seguridad efectos negativos significativos sobre el estado de conservación y supervivencia futura de las especies más sensibles de la Serra, sobre la tranquilidad en sus hábitats de cría, nidificación y alimentación, provocando una pérdida de calidad y un deterioro del hábitat para las especies más emblemáticas y que tienen el mayor grado de protección”.

Además de incumplir la legislación europea, nacional y autonómica, la nueva reglamentación “va en contra de las directrices de los planes de gestión de los espacios naturales de la Serra de Tramuntana aprobados en el año 2015, es decir incumple las obligaciones que tiene la propia Administración de velar por la conservación de las especies y sus hábitats”.

El estudio explica que la autorización de los usos de ocio, tránsito y estancia en las zonas de exclusión se ha realizado “sin someterlo a información pública, es decir sin poder manifestarse entidades, grupos implicados y titulares de derechos, sin informe científico y técnico que lo avale y, por tanto, sin evaluar las consecuencias negativas que puede producir. Además va en sentido contrario a todas las reglamentaciones y regulaciones que se establecen en todo el Estado español y en los países de la Unión Europea para los espacios protegidos, donde es necesario preservar algunas zonas sin intrusiones ni presencia humana”

“De mayor gravedad, si cabe”, dice el estudio, “el tránsito por las sendas y caminos existentes, hasta que se planifique y regule el control de las visitas, supone una grave irresponsabilidad ambiental, ya que abre la zona a la presencia incontrolada del turismo, zonas que deberían estar restringidas si se quiere conservar las rapaces que en ellas subsisten”. El estudio explica que “no es compatible el paso de personas en ese 2,98% de la Serra Tramuntana con la nidificación y cría de las especies protegidas”. El estudio añade que “en ningún espacio protegido donde hay colonias de buitres o especies similares se permite un paso franco a todas las personas que quieran entrar y siempre hay una limitación que permite la cría de dichas especies sin ser molestadas”. La Cátedra de Medio Ambiente concluye que no hay ningún espacio de reserva integral o zonas de exclusión en la Unión Europea que haya visto rebajado su grado de protección.

El estudio de la Cátedra de Medio Ambiente advierte de que, según datos oficiales, algunos senderos de estas zonas tienen más de un millón de visitantes al año y el propio Govern balear estima que más de 300.000 turistas visitarán estas zonas entre octubre de 2016 y abril de 2017. La Cátedra de Medio Ambiente concluye que, preservando ese 2,98% de la zona de reserva del parque, no se afecta a sus valores turísticos ni a su desarrollo pero, abriéndolo de forma incontrolada, puede causar graves perjuicios a la fauna y flora de estos espacios únicos en el mundo.

Por su parte, la FVSM subraya que el previsible deterioro de las zonas más sensibles para la conservación de la biodiversidad de estos espacios naturales será aún más grave en estos momentos de creciente masificación turística y con una notable ausencia de medios de vigilancia por parte de la Administración.

La Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) presentó el pasado mes de septiembre una queja al Defensor del Pueblo para denunciar que la disposición final segunda de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares, aprobada a finales de julio por vía de urgencia y publicada en el BOIB en agosto, vulnera diversos preceptos fundamentales de la Carta Magna así como la legislación europea, nacional y autonómica; y rebaja la protección medioambiental de los espacios protegidos de las islas sin justificación científica alguna y sin el obligatorio trámite de información pública necesario para modificar la legislación. La FVSM ha reclamado que el Defensor del Pueblo exija explicaciones a la Comunidad Autónoma de Baleares sobre la justificación medioambiental de dicha modificación ante las graves infracciones jurídicas y medioambientales que ha supuesto su aprobación.

La FSVM solicitó el pasado mes de septiembre al Gobierno de la Nación que valorase la inconstitucionalidad de las disposición final segunda de la ley de Evaluación Ambiental de Baleares y que abriera las vías que la Ley reguladora del Tribunal Constitucional prevé para eliminarlas.

Tanto la queja al Defensor del Pueblo como la solicitud enviada al Gobierno de la nación fueron presentadas por el presidente de la FVSM, Jesús Garzón, un histórico ambientalista español de reconocido prestigio internacional e impulsor de numerosos proyectos de conservación en el ámbito nacional e internacional.[:ca]La Càtedra de Medi Ambient de la Fundació Universitat d’Alcalá afirma que la nova reglamentació aprovada el passat mes d’agost a través de la Llei d’Avaluació Ambiental de les Balears és “lesiva per al medi ambient; incompleix la normativa europea, nacional i autonòmica; no ha estat sotmesa a informació pública; ha estat aprovada sense cap informe tècnic i científic que la justifiqui ni avaluï les conseqüències negatives i posa en perill l’estat de conservació de les espècies i hàbitats protegits” a la Serra de Tramuntana.

Aquestes són les conclusions fonamentals de l’estudi que la Càtedra de Medi Ambient de la Universitat d’Alcalá ha obtingut sobre els efectes dels canvis en la Llei 5/2005, de 26 de maig, sobre els Espais Naturals Protegits de les Illes Balears (LECO) arran de les modificacions establertes per Llei d’Avaluació Ambiental aprovada el passat 17 d’agost. L’estudi va ser encarregat per la Fundació Vida Silvestre Mediterrània (FVSM) a la Càtedra de Medi Ambient que, durant els últims sis mesos, ha treballat sobre el terreny i ha revisat multitud d’informes científics per avaluar les conseqüències que aquesta alteració legislativa podria provocar en l’estat de conservació de les espècies que habiten a la Serra. Les conclusions són molt clares, reflectint que la modificació aprovada afectarà de manera significativa a la conservació d’algunes zones, més si és possible amb l’increment de la pressió turística que s’està produint en tota la Serra.

La Càtedra de Medi Ambient explica que la modificació legal ha canviat els usos de les anomenades zones d’exclusió (zones de màxima protecció que en el cas de la Serra de Tramuntana no superen el 2,98% de la superfície) permetent l’accés i estada en aquestes zones per a activitats d’esbarjo i oci. Aquestes zones d’exclusió, veritable nucli de l’espai natural, es van dissenyar amb l’objectiu de preservar les espècies més emblemàtiques de la Serra com el voltor negre, el falcó marí o l’àguila pescadora.

Entre els espais naturals més afectats es troben algunes finques que, mitjançant l’acord amb organitzacions conservacionistes, han ajudat a gestionar aquests espais i han suposat el cor de la recuperació de les espècies amenaçades. Entre elles es troben les finques Ariant i Ternelles, en una de les àrees més importants des del punt de vista mediambiental on habita la major colònia de voltor negre de Mallorca. En aquestes finques es van refugiar els últims exemplars de l’espècie, que van conformar el nucli clau en la recuperació poblacional que s’està produint.

L’estudi subratlla que la nova reglamentació “produirà amb tota seguretat efectes negatius significatius sobre l’estat de conservació i supervivència futura de les espècies més sensibles de la Serra, sobre la tranquil·litat en els seus hàbitats de cria, nidificació i alimentació, provocant una pèrdua de qualitat i un deteriorament de l’hàbitat per a les espècies més emblemàtiques i que tenen el major grau de protecció “.

A més d’incomplir la legislació europea, nacional i autonòmica, la nova reglamentació “va en contra de les directrius dels plans de gestió dels espais naturals de la Serra de Tramuntana aprovats l’any 2015, és a dir incompleix les obligacions que té la pròpia Administració de vetllar per la conservació de les espècies i els seus hàbitats “.

L’estudi explica que l’autorització dels usos d’oci, trànsit i estada a les zones d’exclusió s’ha realitzat “sense sotmetre-ho a informació pública, és a dir sense poder manifestar-se entitats, grups implicats i titulars de drets, sense informe científic i tècnic que l’avali i, per tant, sense avaluar les conseqüències negatives que pot produir. A més va en sentit contrari a totes les reglamentacions i regulacions que s’estableixen a tot l’Estat espanyol i als països de la Unió Europea per als espais protegits, on cal preservar algunes zones sense intrusions ni presència humana “.

“De major gravetat, encara”, diu l’estudi, “el trànsit per les sendes i camins existents, fins que es planifiqui i reguli el control de les visites, suposa una greu irresponsabilitat ambiental, ja que obre la zona de la presència incontrolada del turisme, zones que haurien d’estar restringides si es vol conservar les rapinyaires que en elles subsisteixen “. L’estudi explica que “no és compatible el pas de persones en aquest 2,98% de la Serra Tramuntana amb la nidificació i cria de les espècies protegides”. L’estudi afegeix que “en cap espai protegit on hi ha colònies de voltors o espècies similars es permet un pas franc a totes les persones que vulguin entrar i sempre hi ha una limitació que permet la cria d’aquestes espècies sense ser molestades”. La Càtedra de Medi Ambient conclou que no hi ha cap espai de reserva integral o zones d’exclusió a la Unió Europea que hagi vist rebaixat el seu grau de protecció.

L’estudi de la Càtedra de Medi Ambient adverteix que, segons dades oficials, alguns senders d’aquestes zones tenen més d’un milió de visitants l’any i el mateix Govern balear s’estima que més de 300.000 turistes visitaran aquestes zones entre octubre de 2016 i abril de 2017. la Càtedra de Medi Ambient conclou que, preservant aquest 2,98% de la zona de reserva del parc, no s’afecta als seus valors turístics ni al seu desenvolupament però, obrint de manera incontrolada, pot causar greus perjudicis a la fauna i flora d’aquests espais únics al món.

Per la seva banda, la FVSM subratlla que el previsible deteriorament de les zones més sensibles per a la conservació de la biodiversitat d’aquests espais naturals serà encara més greu en aquests moments de creixent massificació turística i amb una notable absència de mitjans de vigilància per part de la Administració.

La Fundació Vida Silvestre Mediterrània (FVSM) va presentar el passat mes de setembre una queixa al Defensor del Poble per denunciar que la disposició final segona de la Llei d’Avaluació Ambiental de Balears, aprovada a finals de juliol per via d’urgència i publicada al BOIB a l’agost, vulnera diversos preceptes fonamentals de la Carta Magna així com la legislació europea, nacional i autonòmica; i rebaixa la protecció mediambiental dels espais protegits de les illes sense justificació científica i sense l’obligatori tràmit d’informació pública necessari per modificar la legislació. La FVSM ha reclamat que el Defensor del Poble exigeixi explicacions a la Comunitat Autònoma de Balears sobre la justificació mediambiental d’aquesta modificació davant les greus infraccions jurídiques i mediambientals que ha suposat la seva aprovació.

La FSVM va sol·licitar el passat mes de setembre el Govern de la Nació que valorés la inconstitucionalitat de les disposició final segona de la llei d’Avaluació Ambiental de les Balears i que obrís les vies que la Llei reguladora del Tribunal Constitucional preveu per eliminar-les.

Tant la queixa al Defensor del Poble com la sol·licitud enviada al Govern de la nació van ser presentades pel president de la FVSM, Jesús Garzón, un històric ambientalista espanyol de reconegut prestigi internacional i impulsor de nombrosos projectes de conservació en l’àmbit nacional i internacional.[:]